Lecciones del acuerdo de 9,6 millones de dólares contra un laboratorio de diagnóstico de Indianápolis
Los denunciantes desempeñan un papel fundamental en la protección de los contribuyentes, la salvaguarda de los programas federales de salud y la exposición de fraudes que, de otro modo, permanecerían ocultos. Estas personas —a menudo empleados, contratistas o personas con información privilegiada— alzan la voz cuando presencian irregularidades como facturación indebida, sobornos, datos falsificados u otros esquemas que afectan a programas financiados por el gobierno.
En virtud de la Ley Federal de Reclamaciones Falsas (False Claims Act, FCA), los denunciantes pueden presentar las llamadas demandas qui tam, que les permiten colaborar con el gobierno para destapar fraudes y, en muchos casos, participar en cualquier recuperación económica.
Un reciente acuerdo federal relacionado con un laboratorio de diagnóstico de Indianápolis pone de relieve por qué los denunciantes son esenciales y con qué rapidez los esquemas fraudulentos pueden perjudicar a los contribuyentes y a los pacientes vulnerables.
Un laboratorio de Indianápolis acuerda pagar 9,62 millones de dólares en un acuerdo por fraude a Medicare
El 24 de noviembre de 2025, el Departamento de Justicia de EE. UU. anunció que Patients Choice Laboratories (PCL) accedió a pagar 9,62 millones de dólares para resolver las acusaciones de que presentó reclamaciones indebidas a Medicare y utilizó sobornos para aumentar el volumen de pruebas. El caso fue investigado por las fiscalías federales de Indiana y Maryland, la División Civil del DOJ, el FBI y la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos.
Los fiscales federales alegan que:
- PCL facturó a Medicare costosos paneles de patógenos respiratorios que eran médicamente innecesarios o estaban vinculados a acuerdos de derivación indebidos. Según las acusaciones, la empresa pagaba comisiones a representantes de ventas independientes en función del volumen de pruebas que generaban.
- Un «acuerdo de marketing» de 2020 con una empresa de prevención de infecciones, de 5.000 dólares al mes por supuestos servicios, era en realidad un pretexto para pagos por derivaciones.
- Esa empresa recogía muestras de COVID-19 de residentes de centros de cuidados de larga duración, tras lo cual PCL supuestamente realizaba paneles respiratorios adicionales, a menudo sin necesidad médica y, en algunos casos, sin llegar a realizar la prueba de COVID-19.
- Entre 2020 y 2022, la empresa asociada recibió casi 1,86 millones de dólares en pagos por derivaciones, mientras que PCL cobró más de 6 millones de dólares en reembolsos de Medicare vinculados al esquema en 43 centros de cuidados de larga duración de todo el país.
«Estos acuerdos impulsaron pruebas innecesarias y socavaron las salvaguardas destinadas a prevenir el fraude», declararon los fiscales federales.
Como ocurre con la mayoría de los acuerdos en virtud de la False Claims Act, el pacto resuelve las acusaciones; no se ha determinado legalmente ninguna responsabilidad. Aun así, casos como este son un poderoso recordatorio de que los denunciantes suelen ser las primeras personas, y a veces las únicas, con conocimiento suficiente para reconocer que algo va mal.
¿Qué es una demanda qui tam?
Una acción qui tam es una demanda presentada por un denunciante (llamado «relator») en nombre del gobierno federal. En virtud de la False Claims Act, las personas pueden denunciar fraudes que impliquen fondos públicos, entre ellos:
- Fraude a Medicare o Medicaid
- Sobornos para generar derivaciones
- Facturación manipulada o inflada
- Pruebas médicas innecesarias
- Certificaciones falsas o documentación falsificada
- Fraude de contratistas del gobierno
- Uso indebido de subvenciones o fondos federales
Los denunciantes pueden aportar información al gobierno de forma confidencial y, si el caso concluye con un acuerdo o una sentencia, el relator puede tener derecho a recibir un porcentaje de la recuperación, a menudo entre el 15 % y el 30 %.
El proceso es complejo, altamente especializado y exige confidencialidad y precisión jurídica.
Los denunciantes marcan la diferencia
Los denunciantes están en una posición única para ayudar a corregir injusticias y reforzar la rendición de cuentas en sectores donde la supervisión suele ser limitada.
Casos como el acuerdo de Patients Choice Laboratories ilustran cómo los esquemas de fraude pueden perjudicar a varios grupos a la vez, entre ellos:
- Los pacientes, que pueden ser sometidos a servicios médicos innecesarios o inadecuados.
- Los contribuyentes, que soportan la carga económica de las reclamaciones fraudulentas.
- Los proveedores honestos, cuyos esfuerzos de cumplimiento se ven socavados por competidores dispuestos a incumplir las normas
Sin embargo, con razón, muchos denunciantes temen represalias o consecuencias para su carrera por destapar estos importantes casos de fraude.
CohenMalad, LLP representa a denunciantes en todo el país
En CohenMalad, LLP, nuestros abogados cuentan con décadas de experiencia en la gestión de litigios complejos de denunciantes y qui tam en asuntos relacionados con fraude sanitario, mala conducta financiera y uso indebido de fondos públicos. Nuestros abogados comprenden el valor que se necesita para dar el paso, y trabajamos de forma confidencial, estratégica y contundente para proteger a los denunciantes y buscar justicia.
Si tiene información sobre facturación fraudulenta, reclamaciones indebidas a Medicare, sobornos, fraude de contratistas del gobierno o conductas similares, hablar con un abogado es un primer paso importante. Incluso si no está seguro de si lo que presenció constituye fraude, nuestro equipo puede ayudarle a evaluar su situación y explicarle sus opciones.
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Si tiene conocimiento de un esquema de fraude similar a las acusaciones del caso Patients Choice Laboratories, o de cualquier conducta que implique el uso indebido de fondos públicos, es posible que tenga derechos en virtud de la False Claims Act.
Ofrecemos consultas confidenciales y podemos asesorarle sobre si una acción qui tam puede ser adecuada.
Para hablar con un abogado experto en denunciantes, comuníquese con CohenMalad, LLP hoy mismo.
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Scott Gilchrist centra su práctica en litigios complejos y demandas colectivas en diversos sectores y áreas del derecho. El Sr. Gilchrist ha representado a clientes particulares, corporativos y municipales ante tribunales estatales y federales de primera instancia y de apelación en todo el país. Ha ejercido como abogado en decenas de demandas colectivas relacionadas con leyes antimonopolio, extralimitación gubernamental, derechos de los propietarios, protección al consumidor, prácticas bancarias y de seguros, fraude de valores, cargos de telecomunicaciones y defectos de productos.